Es una realidad incuestionable que las injusticias y las crisis afectan con mayor intensidad a la población con menos recursos. Las administraciones públicas han demostrado una soberana incapacidad para paliar sus efectos sobre el común de la ciudadanía, obviando soluciones al hallarse fuera de la mentalidad sistémica establecida, algo que no sucede con entidades económicas de orden superior, las cuales pueden obtener la aplicación de medidas singulares, resquebrajando el principio constitucional de interés general y el valor superior de igualdad ante la ley.
Teniendo en cuenta las convulsiones que nos afectan a nivel socioeconómico, tanto desde ámbitos internacionales como internos, es hora de abandonar aquellas posturas que entierran soluciones y empezar a pensar desde una perspectiva conjunta. El partidismo político, responsable de dividir y enfrentar a la población, se ha convertido en un mecanismo de rechazo de medidas de utilidad, bien por hallarse fuera de sus dogmas ideológicos o bien por intereses diversos.
Las condiciones de vida siguen en un proceso de degeneración continua tanto en materia de poder adquisitivo como en los servicios prestados por las administraciones. Las políticas actuales están encadenadas por un rígido sistema que impide la introducción de ciertas modificaciones destinadas al interés general y normalizando las pérdidas en la gran mayoría. Este tipo de administración pública no es apto para resolver problemáticas de fondo, como tampoco para protegernos de los efectos de las maniobras especulativas y, mucho menos, de las crisis que merman nuestra capacidad de sustento.
En estas circunstancias se hace necesaria una transformación de la administración pública y del sistema que la rige, sin embargo, este cambio no puede provenir del poder establecido, ni tampoco de ideologías políticas basadas en la razón única y el enfrentamiento. La transformación debe llegar de la cooperación de la ciudadanía y la suma de sus conocimientos, con el bienestar individual y colectivo por ideología.
